viernes, 28 de diciembre de 2012

Guerra sucia en Colombia

Santos: luz verde para la guerra sucia en Colombia

Como parte de una controvertida reforma a la Justicia (que produjo un amague de choque entre el Ejecutivo con la Corte Suprema y el Consejo del Estado)[1], el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora, entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones”[2]. El artículo decía textualmente “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. Según el Ministro de Defensa Pinzón, es necesario para proporcionar “mayor seguridad jurídica” (¿impunidad?) a la tropa en su guerra contrainsurgente. Aún cuando la impunidad sea altísima en Colombia, sobretodo en lo relativo a crímenes de Estado (los cuales bordean el 98%), este artículo no oculta su pretensión de volverla absoluta, haciendo aún más vulnerable de lo que ya es a la población.

Pese a esta elevada impunidad, la tenacidad de algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, así como la labor de ciertos jueces independientes de carácter (la que han pagado siendo víctimas del acoso de los organismos del Estado[3], llegando algunos a ser asesinados[4]), han llevado a un número relativamente insignificante de uniformados ante los tribunales (4.280 procesos judiciales, insignificantes desde la escala de las atrocidades que se cometen en Colombia, pero significativo desde el punto de vista político[5]) por su participación en crímenes atroces, lo cual ha sido suficiente para generar pavor entre las filas castrenses. Según, el senador oficialista Roy Barreras, “además del temor de los militares de perder la vida en combate, está el temor de terminar en la cárcel tras una condena en la que la investigación y el juzgamiento la hacen civiles que desconocen el lenguaje y los procedimientos de la guerra”[6]. Mediante este sofisma, el Estado colombiano se saca su careta de “democracia asediada” y de “respeto a los derechos humanos” para mostrar, al desnudo, la necesidad que tiene de echar mano al terrorismo de Estado y a los crímenes atroces para avanzar en la guerra contrainsurgente... procedimientos que los “burros civiles” o desconocen o no aceptan de buena gana.

A pesar a toda la retórica vacía del gobierno de Santos de que su estrategia militar se apoya en el respeto irrestricto a los derechos humanos (en parte, ingeniada para sacarse de encima el pesado bulto de los “falsos positivos” que le pena desde su época de Ministro de Defensa estrella del anterior gobierno), en palabra de sus propios ministros y parlamentarios, los derechos humanos representan un estorbo al Ejército. El respeto a los derechos humanos causa “temor” a los militares, que estarían bien empapados del lenguaje y los procedimientos de esta guerra sucia.

No es necesario aclarar en detalle las limitaciones obvias de la Justicia Penal Militar, la cual pone al ladrón a juzgar al ladrón –no hay de qué sorprenderse que los escasos procesos que han terminado en condenas de militares, sean por obra y gracia de la justicia ordinaria (casos que incluyen la desaparición de personas, la promoción de escuadrones de la muerte para violar y torturar a “sospechosos” y que incluyen el secuestro de civiles para asesinarlos y presentarlos como “guerrilleros dados de baja en combate” –o “falsos positivos”- entre otros crímenes igualmente perversos). Existen también limitaciones más específicas las cuales ya han sido suficientemente denunciadas por el parlamentario y dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, quien aclaró que ésta no cubre temas como el narcotráfico, extorsiones, violaciones de derechos humanos, concierto para delinquir, entre otros –todos temas por lo cuales algunos uniformados hoy están compareciendo ante las cortes.[7]

Todo sería, ahora, “actos de servicio”. Como botón de muestra de lo que interpreta el Estado como “actos de servicio”, tenemos el alevoso asesinato a tiros por la espalda del adolescente graffitero Diego Felipe Becerra[8], el cual ha sido pasado a la Justicia Militar porque la Fiscalía estimó que este inexcusable infanticidio constituiría un “acto de servicio”[9]. Difícil es negar, con esta clase de “criterio”, que Colombia no sólo sea el imperio de la impunidad, sino también el de la arbitrariedad.

Debido a la polémica que esta inclusión ocasionó a última hora, el Ministro del Interior, Vargas Lleras, afirmó el viernes pasado que, finalmente, este artículo no haría parte de la reforma, sino que se presentaría como otro proyecto[10]. Independientemente de si la ampliación del fuero militar haría parte o no de la reforma judicial, lo cierto es que lo que esta propuesta pone en el tapete es la necesidad que siente el gobierno de Santos de profundizar la guerra sucia como una manera de contener los avances de la insurgencia, cuyos ataques crecen de manera sostenida desde el 2005, pero los cuales son más evidentes desde el 2009.

Empantanamiento de la salida militar al conflicto social y armado

Más allá del triunfalismo mediático que se impuso durante la última década, como parte de una guerra psicológica desde el Estado, la insurgencia está lejos del “fin del fin” como aseguró el 2008 el venido a menos general Montoya. En lugar de sucumbir ante la gigantesca ofensiva montada con miles de millones de dólares aportado por el gobierno de los EEUU para el Plan Colombia, con tantos más aportados para planes de “cooperación cívico-militar” y planes de “consolidación”, con un hipertrofiado ejército cercano al medio millón de hombres, con toda la asistencia técnica que reciben de Israel o EEUU, con un gasto militar sostenido superior al 5% del PIB, con una red de informantes de dimensiones más propias de la Alemania Nazi que de una supuesta “democracia occidental” (dos millones de personas oficialmente reconocidas), con miles de paramilitares realizando tareas de milicia privada en prácticamente todo el territorio, con bombardeos de proporciones bíblicas en los cuales se arrojan toneladas de bombas sobre la selva (no es casual el nombre de la “Operación Sodoma”), con la colaboración militar de los gobiernos “progresistas” de Venezuela y Ecuador… con toda esta presión militar, la insurgencia, lejos de haber sido derrotada, ha asimilado los golpes, ha readecuado su estrategia y ha retomado, en vastas regiones del país, la ofensiva.

Esto no es algo que se estén inventando los “áulicos de la guerrilla”, como solía llamar el ex presidente Uribe Vélez a quien osara cuestionar su “revelada y divina” política de la (in)Seguridad (anti)Democrática. No, es algo que reconocen organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), dirigida por el estrecho colaborador del presidente Santos y entusiasta partisano de la Seguridad Democrática, León Valencia.

¿Qué dicen los últimos informes de la CNAI? Según el informe titulado “De la Guerra de Jojoy a la Guerra de Cano”[11], las FARC-EP habrían readecuado su estrategia en varios aspectos cruciales mediante el llamado “Plan 2010”:


  • Abandono de la guerra de posiciones y las grandes movilizaciones de tropas que caracterizaron al período de 1996-2007; vuelta a la movilización de pequeños contingentes de alta movilidad para evitar ser detectados por aire y predominio del hostigamiento como forma de ataque;
  • Descentralización de las estructuras guerrilleras para absorber los golpes del ejército a los mandos medios y a los comandantes;
  • Creación de Unidades Tácticas de Combate con expertos en explosivos y especialización de guerrilleros como francotiradores;
  • Creación ad hoc de “comandos conjuntos de área” entre diferentes frentes que se combinan y dispersan en función de tareas específicas (a lo menos se han registrado cinco de estos);
  • Desarrollo de campos minados con minas colgantes y estrategias de minas ofensivas al borde de caminos (en el informe del 2008, describen estas minas de carácter ofensivo como “campos minados muertos” que se activarían a control remoto al paso de la tropa o las patrullas)[12];

    En un nuevo informe, “La Nueva Realidad de las FARC” dan cuenta de nuevos aspectos de la estrategia militar de las FARC-EP:

  • Utilización de carros bombas que facilitan hostigamientos a guarniciones militares sin necesidad de agrupamientos masivos de tropas;
  • Desarrollo de cuerpos de élite, los “pisa suaves” que se especializarían en penetrar las líneas de guardia de diversos frentes y hostigar con ataques explosivos desde la retaguardia

    Sobre el ELN, los informes de la CNAI confirman una tendencia al fortalecimiento de esta guerrilla y a la consolidación de su hegemonía en tres áreas del país –Cauca, Nariño y Arauca. Ha habido expansión de sus frentes en el Chocó, Antioquia y mantiene su presencia en áreas como el Sur de Bolívar, Cesar y Norte de Santander. El pacto político-militar con las FARC-EP no solamente habría servido para controlar el conflicto entre ambas organizaciones en ciertas regiones como Arauca, sino que además para potenciar la lucha contra las fuerzas del Estado colombiano. Su estrategia militar ha estado caracterizada por:

  • La organización de estructuras pequeñas y el fortalecimiento de las redes de apoyo;
  • Estrategia de repliegue durante la mayor parte de la década para evitar el golpe directo de la ofensiva del ejército-paramilitarismo;[13]

    Los resultados no dejan de ser sorprendentes para quienes han digerido años de propaganda sobre el “fin del fin”: el 2010 terminó con más de 2.000 bajas en la Fuerza Pública[14] -1.855 bajas solamente hasta Septiembre del 2010 según la CNAI[15]. Entre enero y Mayo del 2011, la Fuerza Pública ha sufrido 967 bajas[16]. Tampoco se ajustan estos resultados al escenario descrito por el ex Ministro de Defensa Rivera, quien definía estas bajas como “patadas de ahogado”, como “acciones desesperadas” de una insurgencia acorralada.

    Obviamente, los golpes insurgentes han remecido al gobierno de Santos, propiciando un recambio de Ministro de Defensa en Septiembre, con la salida del entonces ministro Rodrigo Rivera, y la entrada de Juan Carlos Pinzón. De la misma manera, se cambió la comandancia de las Fuerzas Militares, pasando la comandancia general del almirante Edgar Cely al general Alejandro Navas. Cambios que, sin duda, reflejan la insatisfacción del establecimiento por el rumbo de la guerra[17].

    Pero también estos golpes han tenido un impacto sobre la moral del Ejército. Según el último informe de la CNAI, la situación de desgaste o desmoralización de las tropas del Estado se deberían a los embates de la nueva estrategia de lucha guerrillera, la prolongación de campañas militares infructuosas y la certeza de que el anunciado “fin del fin” no tiene para cuando. Según, este mismo informe, la estrategia de las Fuerzas Armadas ha sido exitosa desde una perspectiva mediática, pero no así en el terreno de combate[18]. Es decir, se puede mentir a ese sector del país idiotizado con la televisión y la propaganda del gobierno, pero no a quienes viven el conflicto en carne y hueso.

    Es comprendiendo este panorama que mejor entendemos las voces que surgen hoy para culpar a la rama judicial del empantanamiento militar. “La tesis se desprende de la que se oye hace tiempo en los cuarteles: no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias”[19].

    Más allá de la dicotomía santismo-uribismo: una guerra de clase contra los campesinos y los sectores populares

    Pese a todos los esfuerzos de los apologistas de Santos para mostrarlo como una versión civilizada de su predecesor, el cavernícola Uribe Vélez, los argumentos con los que han defendido la ampliación del fuero militar, reproducen al pie de la letra la cantinela recitada por el proto-fascista asesor presidencial de Uribe, José Obdulio Gaviria, quien ha expresado que la desmoralización del Ejército se debe a que “las fuerzas militares y hasta la policía están siendo víctimas de una persecución muy fuerte de parte de la fiscalía (…) Cualquier operación de la fuerza pública es examinado como si fuera un crimen, Y eso ha bajado muchísimo la moral de las fuerzas armada”[20].

    “La guerra hay que ganarla, carajo, aunque haya que masacrar a media Colombia; si usted mata diez patirrajados seguro que hay un guerrillo entre medio”. Esto no lo dicen textualmente en público, pero es lo que se desprende de todas las intervenciones de la élite política y militar.

    Una lógica parecida ha sido aplicada por José Félix Lafaurie, presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), gremio que apoyó activamente al surgimiento de la maquinaria de muerte paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organismo responsable del asesinato y desaparición de decenas de miles de colombianos, y del desplazamiento forzado de millones de campesinos cuyas tierras han terminado en buena medida en las manos de latifundistas ganaderos. Los ganaderos no ocultan su interés en profundizar la guerra contrainsurgente que les ha dado enormes privilegios económicos, como lo revela el último informe del PNUD[21]. En realidad, ellos están en el centro del conflicto social y armado que vive Colombia y son una parte integral de las “condiciones estructurales” que alimentan la violencia política. Lafaurie, insiste, al igual que José Obdulio Gaviria, que la baja moral de las tropas “está en que la justicia y la sociedad se volvieron en su contra y se nutre de una estrategia de desprestigio mediático de la institución”[22]. Es decir, la sociedad debería callarse ante los falsos positivos, los bombardeos indiscriminados, los escuadrones de la muerte, la violencia sistemática contra la población.

    En otro artículo, Lafaurie, ha definido a los militares como “ciudadanos especiales, fuera del común”, que no pueden ser juzgados por una justicia ordinaria, aún cuando sus crímenes afecten a la población civil, porque ésta desconocería las tácticas y estrategias de guerra. Implícitamente, se reconoce que la violación a los derechos humanos es parte de estas “estrategias”. Pero la “lógica” perversa de este argumento (que la justicia civil desconoce los “procedimientos de guerra” y por tanto estaría inhabilitada para juzgar a militares) ha sido brillantemente evidenciada por el columnista Alfredo Molano, quien indica que “Los militares argumentan que la justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué leyes habiendo armas?”[23] Pero ¿cuál es la conclusión a la que llega Lafaurie con esta perversa “lógica”? Sin pelos en la lengua, dice que “necesitamos dotar de garantías a los hombres y las operaciones militares. Estamos en mora de despejar el camino a nuestros héroes anónimos. Necesitamos reconocer la naturaleza de estos hombres y aliviar el desasosiego que acompaña la tarea de ser militar hoy en Colombia”[24]. Lafaurie insiste en otra columna escrita en Septiembre que “la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública, que pasa (…) por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar (…) Una democracia plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos, y lo hará de la mano del Fuero Militar. Las guerras se ganan en el corazón de los soldados”[25].

    Es importante referirse a las declaraciones del Presidente de Fedegán, porque ellas reflejan a los sectores que se han enriquecido mediante y que hoy buscan profundizar la guerra, los sectores que jamás apostarán a una solución política del conflicto armado que ponga en cuestión la posesión ilegítima que tienen del 39% de las tierras. Resulta además claro que esta auténtica ofensiva mediática de su cara más visible preparó el terreno para que este artículo de ampliación del fuero militar fuera sacado de la manga ahora que se debate la reforma judicial. No queda duda, con esta clase de intervenciones, cuáles son los intereses que defienden los soldados en la guerra.

    La naturaleza de clase de este conflicto, así como el rol de los ganaderos que representa Lafaurie, son evidenciados en un relato sobre el desplazamiento campesino en los corregimientos de Guanapalo y Charras, en San José del Guaviare, en un informe que ya hemos citado de la CNAI:

    El representante a la Cámara Ignacio Antonio Javela adquirió 1.250 hectáreas de tierras a los campesinos de esa región, pero otros comienzan a desplazarse ante amenazas e intimidaciones. Mientras, grupos ilegales rearmados han comenzado a posicionarse sobre toda la denominada Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión contra algunas comunidades campesinas. Las FARC, por su parte, han prohibido a los campesinos vender sus predios y han manifestado que defenderán la zona de otros grupos armados ilegales.

    Tácitamente se trata de desplazar para concentrar la propiedad de la tierra. Las compras masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a desplazamientos gota a gota en esta región. Paradójicamente, el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos es un grupo armado ilegal –las FARC- y no el Estado.
    ”[26]
    Digamos, solamente, que no hay nada de paradójico en esta situación si se entiende la dinámica de clases que en última instancia explica el conflicto colombiano (la cual es frecuentemente velada con discursos que plantean el debate en la falsa contradicción ilegales vs. legales) y que esto no es nada tácito sino una clara política de Estado, ligada a las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional de Santos y a los intereses seculares de los gamonales y cacaos colombianos. El último informe del CODHES nos dice que buena parte de la expansión paramilitar se está dando en zonas de “consolidación” o de fuerte presencia de la fuerza pública. Según ellos, en el primer semestre del 2011, según sus informaciones parciales y preliminares, se habría desplazado a unas 89.750 personas, de ellas el 28% provendrían de las zonas de consolidación territorial del Estado[27], lo cual es coincidente, grosso modo, con las cifras globales de desplazamiento de 2010, que indicarían un 33% de desplazamiento de las zonas de consolidación[28]. Este desplazamiento va de la mano, como hemos dicho, de las “locomotoras”, de los megaproyectos, del agronegocio, del latifundio, de la palma, del caucho, de la minería[29].

    Al final de cuentas, más allá de la dicotomía que se ha pretendido hacer entre la política de Uribe Vélez y la de Santos, hay una continuidad de este modelo de guerra que beneficia un patrón de enriquecimiento por despojo violento.

    La dialéctica política del conflicto social y armado

    Los ganaderos saben muy bien por qué piden a gritos profundizar la impunidad y con ella la guerra sucia: porque un conflicto que no es solamente militar, sino ante todo social como el colombiano no puede ganarse sino mediante la aplicación a gran escala del terrorismo de Estado en contra de la población. Esto lo explica muy bien Ever Veloza, alias HH, uno de los paramilitares que hizo por varios años el trabajo sucio del Estado al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá (ACCU) y más tarde, de las AUC, sobre la estrategia de tierra arrasada del paramilitarismo en una entrevista en el 2008:

    La guerrilla está, pero no está tan fuerte como antes. Cuando nosotros empezamos en las AUC la guerrilla tenía el control de todo el país, como en el Urabá. Hoy en día la guerrilla está en sectores marginales. Por eso el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros, cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue un éxito total.”[30]
    Quizás un éxito en lo puramente militar, en lo inmediato, más no así un éxito sustentable o total si se considera la naturaleza social del conflicto. Desde el 2008, cuando HH hace estas declaraciones, la insurgencia ha logrado revertir los avances de las Fuerzas Militares durante la primera fase del Plan Colombia y han vuelto a mostrar un renovado dinamismo. Ese dinamismo está ligado, indudablemente, a la dialéctica política del conflicto, por más que el discurso oficial intente “pabloescobarizar” a la insurgencia[31] – algo que, por lo demás no es nada nuevo, ya que desde el comienzo se ha buscado “bandolerizar” o “chusmear” a la insurgencia para así negar las profundas causas estructurales, políticas y sociales que la animan. La paradoja, es que mientras se niega que la insurgencia tenga motivaciones políticas, el ejército trabajo de la mano con grupos paramilitares que se definen como “anti-comunistas”[32]. No debe sorprender que el oficialismo niegue la legitimidad política de la insurgencia –jamás una tiranía (y Colombia, desde el punto de vista político y humanitario, no puede ser considerada otra cosa pese a los formalismos democráticos ritualizados) ha aceptado la legitimidad de quienes la interpelan[33].

    Pero los informes mencionados de la CNAI, a contravía de estas declaraciones oficiales por parte del gobierno de que la insurgencia no tendría sustento ideológico, nos entregan algunas luces sobre la complejidad ideológica en el mundo de la insurgencia. Más aún, nos señalan que es en el terreno de lo político donde se encuentran en gran medida las raíces de este nuevo dinamismo de la insurgencia. Sobre las nuevas orientaciones políticas en la insurgencia, nos señala un informe relativo a las FARC-EP que “‘Alfonso Cano’ (…) logró darle al grupo guerrillero una nueva estrategia militar y un nuevo rumbo político. Este antropólogo, a pesar de sus raíces urbanas, pudo coordinar a la guerrilla de las FARC compuesta mayoritariamente por campesinos (…) En los últimos años a pesar de la violenta persecución que desató la Fuerza Pública, con la Operación Fuerte, ‘Cano’ ha logrado tener una actualización académica, los libros de Toni Negri, Zizek, Chomsky ya hacen parte de la bibliografía actual de este comandante en jefe de las FARC (…) Esta apertura ideológica, si bien, no ha modificado su forma de ver la vida desde el marxismo ortodoxo, le ha concedido [sic, conseguido] dar ese nuevo rumbo político a las FARC”.[34]

    Es esa dinámica política la que explica los señalamientos de Santos en un discurso el 28 de Septiembre en una base militar en Nariño: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”[35]. No es casualidad el innegable tufillo “uribista” de estas temerarias acusaciones, que nuevamente ponen en contradicho a quienes, mediante toda clase de contracciones, pretenden mostrar a Santos como un “paladín democrático” (a diferencia de su predecesor y maestro Uribe). Reflejan una comprensión de que el conflicto no es solamente armado, sino que ante todo social, y que la reactivación de la protesta popular tiende a ser coincidente con la reactivación de la lucha armada, no porque los movimientos sociales o las organizaciones populares sean “fachadas de la guerrilla” o “guerrilleros de civil” como frecuentemente dicen las élites para estigmatizar y para minar la legitimidad de los movimientos –como si no hubiera causas legítimas para la protesta por parte de estudiantes, campesinos, cocaleros, trabajadores y comunidades. Para esas élites, toda marcha es un “siniestro plan del terrorismo” para perturbar la paz social en su apacible país de las maravillas. La realidad, es otra: cuando hay un incremento del malestar social y de la protesta popular, es natural que la insurgencia canalice parte de este malestar porque ella ha sido, gústele o no al establecimiento, una forma de respuesta histórica del pueblo a la violencia sistemática del Estado contra los de abajo. Uno podrá considerar que es una respuesta buena o mala, pero es innegable que la insurgencia no viene de la Luna a "infiltrar" al pueblo, sino que son producto de las entrañas mismas de las clases populares. Para amplios sectores en Colombia, fundamentalmente rurales, la insurgencia sigue siendo una respuesta legítima contra la violencia de clase institucionalizada por los gamonales, cacaos, ganaderos y sus socios multinacionales.

    Callejón sin salida para la vía militar

    Ante el aumento progresivo de la protesta social desde el 2002[36], el cual se ha vuelto explosivo desde el 2008, y ante la persistencia y el reacomodo de la lucha armada –reacomodo que no sólo es militar, sino también político como hemos visto-, es de esperar que el gobierno intente salir del empantanamiento del conflicto mediante la profundización de la guerra sucia. Y ahí está la contradicción vital de la oligarquía colombiana: que sus avances en lo militar se comprometen por lo político, y que la profundización de la guerra sucia tiene un efecto degradante ante todo en sus propias filas. No es la judicialización de militares, como hacen creer los José Obdulio Gaviria o los José Féliz Lafaurie, lo fundamental detrás de la desmoralización o el desgaste de las Fuerzas Armadas en Colombia. Sólo en cierta medida lo son las tres causas dadas por el CNAI: las expectativas imposibles de una victoria fácil alimentadas en el último período de Uribe Vélez, el hecho que las campañas sean cada vez más largas e infructuosas, así como los golpes crecientes de la insurgencia. Es mi opinión que el factor sin lugar a dudas de mayor peso en la desmoralización de las tropas del ejército colombiano es la naturaleza misma de la guerra absurda que pelean en defensa de ganaderos, multinacionales extranjeras y gamonales criollos, quienes los desechan apenas ya no les son de utilidad. Es la naturaleza misma de una guerra degradada (y degradada fundamentalmente por la acción del Estado y su herramienta paramilitar) la que está en la base de la desmoralización de la tropa.

    Por más que la propaganda oficial insista que en “Colombia los Héroes Existen”, la tropa sabe que allá donde se pelea la guerra, donde el conflicto se sufre en carne y hueso, en el terreno, las percepciones son muy diferentes a las de los televidentes citadinos que creen todo lo que Caracol les dice. Siguiendo con este mismo informe del CNAI: “la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población desconfié de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejempo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la Fuerza Pública desplaza a las FARC, los hombres del ERPAC [ie., un escuadrón paramilitar] van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba algunos miembros de las Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’ [ie., dos bandas paramilitares] (…) Durante el trabajo de terreno realizado para realizar (sic) el presente informe, se logró detectar que las Fuerzas Militares funcionan en algunos territorios como fuerzas de ocupación. Nuevamente, La Macarena es el mejor ejemplo, allí las denominadas brigadas cívico-militares parecen acciones típicas de fuerzas de ocupación, sirven para hacer censos, listados de personas, pero no para consolidar el Estado de Derecho. La tropa aún sigue viendo a la población civil como un enemigo”[37].

    En estas condiciones, ¿cómo se espera ganar el conflicto social y armado por la vía militar?

    La insatisfacción con la presencia militar en las regiones de tradición guerrillera se refleja en un informe de Gary Leech escrito hace unos meses sobre las operaciones en contra de “Alfonso Cano” en el Tolima: “La mayoría de las comunidades en la región han vivido bajo el control de las FARC por décadas. Un líder comunitario en Limón explica que las FARC aseguraban que no hubiera violencia ni crímen, y que los campesinos no dañaran el medio ambiente. Bajo el control del Estado el crímen va en aumento y la economía no ha mejorado (…) Pese a estos reveses, la fuerza militar así como el apoyo popular a las FARC se mantiene relativamente intacto en sus baluartes tradicionales”[38]. A comienzos de Agosto del 2008, en el Tiempo apareció un artículo inusualmente honesto que refleja las dificultades de la lucha contrainsurgente en el Sumapaz: “el Ejército se ha encontrado con una población que lo mira con desconfianza. Caseríos tradicionalmente comunistas cierran sus vitrinas y su comercio para los soldados y por allí hasta se ven carteles con la frase 'Reyes vive'”[39]. Situaciones parecidas se ven en todos los territorios en conflicto, en áreas tanto de influencia de las FARC-EP o del ELN, o de grupos insurgentes menores que también existen.

    Mientras tanto, la guerra sucia continúa con su inercia de seis décadas. Bombardeos indiscriminados en Chaparral; envenenamiento con glisofato de las poblaciones en el Chocó y en el Bajo Cauca Antioqueño; descuartizamientos, masacres y violaciones en Guapi, en el Sur de Bolívar, en Nariño, realizados por paramilitares en perfecta connivencia con el Ejército y la Policía; cercos paramilitares en Curvaradó y Jiguamiandó; secuestro y asesinato de civiles para presentarlos como “falsos positivos”; estrategias como la red de cooperantes que en las propias palabras del informe de la CNAI “parecieran más encaminadas a destruir cualquier tipo de organización social que intente prosperar en la zona”[40]. Ya lo dijimos: no se puede ganar la guerra sucia con armas limpias. ¿Nos puede sorprender la desmoralización de una tropa enfrentada de manera sistemática a esta clase de prácticas degradadas? Que no se culpe, pues, a los jueces.

    La salida militar que se impuso como el discurso único de los círculos dominantes está enfrentando una grave crisis de legitimidad, acechada por acuciantes interrogantes ¿Qué tipo de sociedad se puede crear mediante esta violencia de clase? ¿Qué sentido tiene el “triunfo militar” al que aspira el Estado mediante la profundización de la guerra sucia? Pues, aunque el gobierno de Santos insista en que “no ha tirado las llaves de la paz”, en su lenguaje la paz equivale a la victoria militar, la cual puede ser en el campo de batalla o en la mesa de negociación ante una insurgencia aislada y desmoralizada. En su lenguaje, la paz equivale a la desmovilización de las tropas insurgentes y eso no es sino un escenario de victoria militar.

    Las llaves de la paz no se encuentran, pese a lo que pueda creer el gobierno, en el campo de batalla sino en el campo de la lucha de clases: las tiene el movimiento popular que comienza hoy a dar pasos muy importantes de articulación y movilización, como se aprecia con ciertas iniciativas de convergencia popular y encuentros como los de Barrancabermeja y Cali que dan muestras del deseo del pueblo de convertirse en un actor en derecho propio, gestor de su propia institucionalidad, de su propio poder, de su propio proyecto de futuro. Ellos vienen elaborando las propuestas para la solución política; porque saben que paz no significa sencillamente ausencia de conflicto. De poco sirve que se declare con bombos y platillos la paz cuando subsista la violencia institucionalizada del Estado, esa violencia sistemática del sistema capitalista que aniquila por física hambre a miles de colombianos año tras año. Esa violencia que se expresa en Tratados de Libre Comercio y en un Desarrollo Nacional que destruye las comunidades y la vida de los seres humanos. Es la hora de evocar una vez más los horizontes emancipatorios que han animado al pueblo colombiano durante décadas, entender estas aspiraciones y necesidades profundas, leerlas y actualizarlas bajo el signo de nuestros nuevos tiempos. Mientras el Estado se prepara para profundizar la guerra sucia, el pueblo se prepara para profundizar su proyecto emancipador.

    José Antonio Gutiérrez D.
    14 de Octubre, 2011


    Fuente : anarkismo

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